El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que forma parte de la estrategia para el cambio del modelo económico

La Ley fomenta la competitividad, fortalece la supervisión financiera, lucha contra la morosidad, aporta transparencia en las remuneraciones de las sociedades cotizadas y facilita la contratación público-privada

27 de noviembre 2009. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, un amplio conjunto de cambios normativos destinados a proporcionar un mejor entorno regulatorio a los agentes económicos para que disfruten de una posición más competitiva en el momento en que se inicie la recuperación económica.

El proyecto de Ley de Economía Sostenible incorpora un conjunto de reformas estructurales que facilitarán que las empresas y los agentes económicos españoles orienten su actividad hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles desde un punto de vista económico, social y medioambiental.

Esta Ley forma parte de una estrategia que tiene como objetivo fundamental sentar las bases para un modelo de desarrollo y crecimiento de la economía española más sostenible. De esta estrategia formará también parte un Fondo de Capital de 20.000 millones de euros, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial, y un programa de reformas estructurales  con un horizonte de 10 años.

La Ley se articula sobre tres grandes pilares: la mejora del entorno económico, el impulso de la competitividad y la apuesta por la sostenibilidad medioambiental.

MEJORA DEL ENTORNO ECONÓMICO

Uno de los principales objetivos de la nueva norma es establecer principios de buena regulación económica para crear un marco normativo estable y predecible con bajo nivel de cargas administrativas. Se trata de extender al conjunto de la actividad económica la eliminación de restricciones injustificadas.

1.- Organismos reguladores. Se acomete una profunda reforma horizontal de la estructura y normas de funcionamiento de los organismos reguladores con el fin de dotarlos de mayor independencia, transparencia y publicidad en sus actuaciones, mejorar su estructura de gobernanza y su sistema de rendición de cuentas. Estas son algunas de las novedades:

  • Reducción del número de miembros de los Consejos al presidente y cuatro consejeros, nombrados por el Gobierno con un mandato de seis años sin posibilidad de renovación. Los presidentes de cada organismo estarán obligados a dar cuenta de sus actuaciones anualmente ante el Parlamento.
  • Cooperación entre los organismos reguladores: Los distintos organismos deberán coordinarse con la Comisión  Nacional de Competencia.

2.- Mercados financieros. Las medidas de reforma que se adoptan son coherentes con las recomendaciones del G-20 .

  • Reforma de la Ley del Mercado de Valores: Obliga a las sociedades cotizadas a poner a disposición de los accionistas un informe sobre remuneraciones y a votarlo en la Junta General, así como el detalle de las retribuciones individuales de cada uno de los consejeros.
  • Reforma de la Ley de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros: El Banco de España podrá exigir a las entidades de crédito políticas de remuneración coherentes con una gestión del riesgo prudente y eficaz.
  • Regulación de la comercialización de los planes y fondos de pensiones, para mejorar la protección al consumidor y la seguridad jurídica de las entidades comercializadoras. Las entidades comercializadoras deberán proporcionar al Ministerio de Economía y Hacienda la información que se les solicite y se refuerzan los sistemas de inspección y sanción de los supervisores financieros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de información y autorización.
  • Libertad de elección de los asegurados: El asegurador deberá poner a disposición del asegurado, de forma fácilmente accesible, una relación de prestadores para garantizar una efectiva libertad de elección.

3.- Sostenibilidad financiera en las Administraciones Públicas. Se creará un grupo especial de evaluación del gasto que analizará tanto los programas de gasto como la estructura y procedimientos de los diversos ministerios y organismos públicos, y realizará recomendaciones para incrementar su eficiencia. Se presentará un plan de austeridad y de calidad del gasto y un plan de racionalización del sector público empresarial y de la estructura de la Administración Pública.

4.- Contratación pública y colaboración público-privada. El objetivo fundamental es agilizar la contratación pública en plazos y procedimientos, mediante la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público. Algunas de las novedades son:

  • Se excluye la obligación de efectuar evaluación previa cuando un órgano de la misma Administración la haya hecho para un supuesto similar.
  • Elevación a definitiva de la adjudicación provisional cuando el adjudicatario presente la documentación requerida, sin agotar el plazo de 15 días hábiles general, salvo que el contrato sea susceptible de recurso especial.
  • Modificaciones: los contratos del sector público solo podrán modificarse cuando se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o cuando concurran causas de fuerza mayor. Los modificados no podrán superar el 20%. Si el contrato no puede modifiocarse, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes.
  • Regulación de la colaboración entre el sector público y el sector privado bajo fórmulas institucionales, las denominadas Sociedades de economía mixta: se regula la elección de socio privado con el mismo procedimiento previsto para la adjudicación de contratos, respetando los principios de igualdad y concurrencia. Se abre la posibilidad de obtener avales del Estado para la financiación de actuaciones de colaboración público-privada.
  • Aumento del porcentaje de subcontratación que se puede exigir a los contratistas, que pasa del 30% al 50%, con el objetivo de fomentar la participación de Pymes en la contratación pública.

COMPETITIVIDAD

1.- Simplificación administrativa.

  • Reducción de los plazos para la creación de empresas: se reforma la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada estableciendo un plazo máximo de cinco días cuando el capital social se sitúe entre 30.000 y  3.100 euros, con un máximo de 250 euros de costes; y de un día, cuando el capital se sitúe entre los 3.100 y los 3.000 euros, con un coste máximo de 100 euros. Para todas ellas se suprime el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y todos los trámites serán telemáticos.
  • Reducción de la morosidad: Reforma la Ley de Contratos del sector público, de forma que obliga a las administraciones a abonar el pago en los 30 días siguientes a la expedición de las certificaciones de obras, a partir de 2013 También se regula un plazo máximo de 60 días para el pago a pequeñas empresas y autónomos por parte de cualquier contratador.
  • Reforma de la Ley del Catastro Inmobiliario: Los notarios y registradores de la propiedad remitirán telemáticamente al Catastro, dentro de los 20 primeros días de cada mes, información relativa a los documentos por ellos autorizados. Se podrá acceder de forma telemática a las bases gráficas del Catastro.

2.- Sociedad de la Información.

  • Utilización de las nuevas tecnologías en la banda de frecuencias de 900 MHz: Se permitirá el uso de estas bandas para la prestación de servicios de tercera generación (UMTS), lo que abaratará su coste y  aumentará su calidad.
  • Dividendo digital: La banda de frecuencias 790 -862 MHz que se liberará al llevar a cabo el apagón analógico podrá utilizarse para la prestación de servicios avanzados de comunicaciones electrónicas.
  • Reducción de la tasa general de operadores de telecomunicaciones. En 2010 será del 1/1.000 de la cifra de ingresos brutos de explotación.
  • Banda ancha universal: Inclusión a partir de 2011 de la banda ancha a una velocidad mínima de 1 Mbit por segundo (multiplica casi por veinte los 56Kbits actuales) como parte integrante del servicio universal.

3.- Ciencia e Innovación.

  • Fomento de la transferencia de resultados en la actividad investigadora:a)Se establece la titularidad y carácter patrimonial de los resultados de la actividad pública investigadora, que pertenecerán a las entidades cuyos investigadores los hayan obtenido en el ejercicio de sus funciones, para facilitar la explotación comercial de las patentes.b)Se facilita la cooperación de los agentes públicos con el sector privado.
  • Promoción de los derechos de propiedad industrial: Con el objetivo de agilizar la concesión, difusión y uso de los títulos de propiedad industrial, se establecen plazos máximos en los trámites de concesión de patentes. Además, se reduce un 18% en tres años la cuantía de las tasas de las distintas modalidades de propiedad industrial.
  • Universidad e Investigación: Se fomenta la creación de empresas innovadoras de base tecnológica, promovidas por las universidades y los Organismos Públicos de Investigación, al objeto de realizar la explotación económica de resultados de I+D obtenidos por los investigadores.

4.- Internacionalización. Se amplía el concepto de internacionalización, considerando que un proyecto será de interés para la internacionalización y, por tanto, prioritario para la política comercial española, siempre que tenga un impacto positivo en la cadena de valor de las empresas españolas.

La novedad más destacada es la adaptación del sistema español de apoyo financiero a la internacionalización, mediante la  reforma de la ley que regula el régimen del seguro de crédito a la exportación, para que las coberturas otorgadas puedan instrumentarse mediante garantías o seguros de crédito.

5.- Formación Profesional. Con esta reforma del sistema de FP se pretende facilitar la adecuación de la oferta formativa a las demandas del sistema productivo, mejorar el aprovechamiento de los recursos e integrar las distintas enseñanzas de formación profesional. Las principales novedades son las siguientes:

  • Se promueve la oferta integrada de formación profesional y formación para el empleo. Con la promoción de una red estable de centros de Formación Profesional constituida por los centros integrados de FP, los centros públicos y privados concertados del sistema educativo y  los Centros de Referencia Nacional. Se crea una plataforma de formación profesional a distancia en todo el Estado.
  • Reconocimiento de las competencias profesionales. Acción común del gobierno y las CCAA para dar prioridad a la evaluación y acreditación de las competencias profesionales relacionadas con los sectores emergentes. Se promoverá la participación en cursos específicos que permitan conseguir un título de Formación Profesional o un certificado de profesionalidad a personas que ya tengan experiencia profesional y quieran completar su formación.
  • Se flexibiliza la organización de los programas formativos. La FP se estructura en tres niveles: Programas de Cualificación Profesional Inicial, Ciclos formativos de grado medio y Ciclos formativos de grado superior. En este sentido, se crean pasarelas para facilitar la transición entre los diferentes módulos formativos, permitiendo la movilidad entre la formación profesional de grado medio y el bachillerato, y entre la formación profesional de grado superior y la enseñanza universitaria.
  • Formación profesional de proximidad: Se amplía la capacidad de los centros de adaptarse a su entorno y ofrecer una formación más apta para las necesidades de las empresas cercanas.

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

En este contexto, se fija el objetivo nacional de una reducción de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero y de un consumo del 20% de energías renovables sobre el total de consumo de energía bruto, para el año 2020, que se conseguirá con al menos un 10% de consumo de energías renovables en el consumo del sector transporte.

1.-Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo central en este ámbito es fomentar la reducción de estas emisiones e incrementar la transparencia de información de responsabilidad medioambiental de las empresas. 

  • Se creará un “sello” que certifique la reducción de emisiones, que conferirá un valor adicional a las tecnologías de baja intensidad de carbono, al tiempo que aumentará la transparencia de la información sobre responsabilidad medioambiental de las empresas.
  • Se crea un fondo público para la compra de créditos de carbono. Las reducciones certificadas de emisiones y las unidades de reducción de emisiones adquiridas por el fondo se constituirán en activos del Estado y podrán enajenarse, en particular si resultan innecesarias para atender los compromisos de reducción de España en el marco del Protocolo de Kioto, permitiendo la autofinanciación del fondo.

2.- Transporte y movilidad sostenible.

  •  Se crea la Mesa de Movilidad Sostenible como órgano consultivo, asesor y de cooperación de todos los agentes vinculados a la movilidad. Sus principales funciones serán coordinar las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas, evaluar las acciones puestas en marcha e informar sobre los proyectos normativos que afecten a la movilidad.
  • Se fomenta la elaboración de Planes de Movilidad Sostenible,  condicionando la percepción de subvenciones estatales al transporte a la puesta en marcha de planes coherentes con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.
  • Se impulsa el desarrollo de planes de transporte de empresas para incentivar el uso del transporte público colectivo y el fomento de la movilidad sostenible de los trabajadores
  • Promoción del transporte por carretera limpio, aplicando normas específicas para la compra de vehículos limpios y energéticamente eficientes por parte de las Administraciones Públicas.
  • Impulso al vehículo eléctrico.
  • Adaptación de las líneas de la red básica para transporte de mercancías por ferrocarril con el fin de posibilitar la circulación de trenes de mercancías de, al menos, 750 metros de longitud y potenciar las conexiones viarias y ferroviarias con los puertos de interés general.
  • Se modifica la normativa vigente del transporte interurbano regular colectivo de viajeros (autobuses), con el fin de facilitar la entrada de nuevos operadores al sector.

3.- Ahorro y eficiencia energética. Se establecen los principios de la política energética: garantía de la seguridad del suministro, la eficiencia económica y el respeto al medio ambiente.

  • Para la Administración General del Estado y organismos públicos vinculados se adelanta al año 2016 el objetivo de ahorro energético del 20% con relación al año 2005. Dentro de los programas que se aprueben, se establecerán requisitos mínimos de calificación energética de los edificios y vehículos que integran el patrimonio de las Administraciones Públicas.
  • Compromiso de elaboración de una planificación integral del sistema eléctrico, con el fin de asegurar la sostenibilidad económica, energética y medioambiental del mercado eléctrico. Esta planificación desarrollará, entre otros, los siguientes principios: maximización de la participación de las energías renovables en la cesta de generación eléctrica, reducción de la participación de las energías con mayor potencial de emisiones de CO2, y garantía de la seguridad de suministro y estabilidad de la red.
  • Se establece la Conferencia Sectorial de Energía como órgano de coordinación entre el Estado y las CCAA en materia de preparación, desarrollo y aplicación de la planificación estatal sobre energía.
  • Se establece la vida útil de 40 años para las centrales nucleares. El Gobierno remitirá una Ley para actualizar el régimen de responsabilidad civil nuclear.

4.- Rehabilitación y vivienda.

  • Impulso a la renovación y rehabilitación de núcleos urbanos.
  • Reforma en la Ley hipotecaria, en relación con la regulación del crédito refaccionario. El objetivo es que este tipo de créditos puedan utilizarse para la financiación de obras de rehabilitación contando con sistemas de garantía similares a los de la hipoteca, frente a la que ofrecen la ventaja de una tramitación más simple, ya que permite la firma electrónica y no requiere de escritura pública.

MEDIDAS FISCALES

Más impulso a la I+D+iSiguiendo la política de apoyo a la I+D+i que el Gobierno inició en el año 2004, la Ley de Economía Sostenible incluye el incremento del porcentaje de deducción en el Impuesto sobre Sociedades para las actividades de innovación, pasando del 8% actual al 12%.

El pasado mes de abril, en el Real Decreto-Ley 3/2009, ya se aprobó el mantenimiento indefinido de la deducción por actividades de I+D+i en el Impuesto sobre Sociedades para potenciar la inversión en I+D+i en nuestras empresas.

Además, en la nueva Ley se incrementa el límite máximo de deducción que pasa a ser el 60% de la cuota íntegra minorada (hasta ahora el 50%),  en los casos en los que la inversión en I+D+i sea significativa (de importe superior al 10% de la cuota íntegra del ejercicio).

Estas medidas se aplicarán a los ejercicios que se inicien a partir de la entrada en vigor de la ley.

Deducción por compra de vivienda habitual Tal y como anunció el presidente del Gobierno en el último Debate sobre el Estado de la Nación, a partir de enero de 2011, se modifica la deducción por adquisición de vivienda habitual, limitándola a las rentas inferiores a 24.107,20 euros. Cuando la base imponible sea inferior a los 17.707,20 euros se mantiene la situación actual, lo que permite una deducción en cuota del 15% de las cantidades pagadas en un año, con un límite de 9.040 euros al año. Entre los 17.707,20 y los 24.107,20 euros de base imponible, se aplicará una reducción gradual de forma lineal.

Los contribuyentes que adquirieron su vivienda habitual antes del 31 de diciembre de 2010 podrán continuar con las deducciones del sistema actual. 

Equiparación fiscal del alquiler y compra de viviendaLa equiparación fiscal de la deducción por alquiler respecto de la deducción por compra de vivienda es otra de las medidas que se anunció durante el Debate del Estado de la Nación y que se han incorporado a la Ley de Economía Sostenible.

Se elevan, por tanto, los importes de bases imponibles que otorgan derecho a la deducción por alquiler de forma análoga a la deducción por inversión en vivienda habitual. De esta forma, actualmente el arrendatario se puede deducir el 10,05% de los pagos de alquiler hasta un máximo de 9.040 euros anuales si su renta es inferior a 12.000 euros. A partir del 1 de enero de 2011, este límite de 12.000 euros pasará a ser de 17.707,20 euros. Entre 17.707,20 y 24.107,20 euros se reducirá gradualmente la base de la deducción y, los contribuyentes con bases imponibles superiores a 24.107,20 euros no podrán aplicarse la deducción.

Por otra parte, para impulsar el alquiler, también a partir de 2011, se mejorará el tratamiento fiscal de las rentas obtenidas por los arrendadores de inmuebles incrementándose del 50% al 60% el porcentaje de reducción en la declaración de la renta. Además, se reduce de 35 a 30 años la edad del arrendatario a efectos de la exención del 100% de las rentas de alquiler. Es decir, si hasta ahora se puede aplicar esta exención cuando se alquila a menores de 35 años, desde el 1 de enero de 2011, se aplicará a los alquileres a menores de 30 años, aunque aquellos propietarios que alquilen a un menor de 35 años antes del 31 de diciembre de 2010, conservarán la exención del 100% hasta que cumplan los 35 años.

Impulso a la rehabilitaciónUna de las principales novedades de la Ley de Economía Sostenible es la mejora de los incentivos fiscales a la rehabilitación.

A partir de la entrada en vigor de la ley, se ampliarán los casos en los que se puede aplicar el IVA reducido en las obras de rehabilitación de viviendas. Actualmente, únicamente se puede aplicar el IVA reducido a los trabajos de albañilería. Con esta ampliación se incluirían las reformas que tengan por objeto la eficiencia energética, el ahorro de agua o la accesibilidad de las viviendas para las personas con movilidad reducida. Esta medida conlleva que en la Ley de Economía Sostenible también se incluya la ampliación del concepto de rehabilitación en el IRPF para que se puedan incluir tanto las rehabilitaciones estructurales de viviendas como las rehabilitaciones funcionales para mejorar la eficiencia energética, el uso del agua y la accesibilidad de las viviendas.

Además, también a partir de la entrada en vigor de la Ley, se establece una nueva deducción en el IRPF del 10% para las obras relacionadas con la eficiencia energética, el uso del agua o la adaptación a personas con movilidad reducida que se realicen en las viviendas antes del 31 de diciembre de 2012. La base anual máxima de deducción será de 3.000 euros y estará limitada en función de la base imponible del contribuyente, siguiendo los mismos tramos establecidos en la deducción por compra de vivienda habitual. Además, el límite máximo plurianual por vivienda será de 10.000 euros. 

Mantenimiento de la deducción medioambientalLa nueva Ley de Economía Sostenible incorpora el mantenimiento con carácter indefinido de la deducción medioambiental en el Impuesto sobre Sociedades. Esta deducción estaba prevista que desapareciera en el año 2011. El porcentaje de deducción pasará del 4% al 8% y se incluyen las inversiones que eviten la contaminación acústica..

Por otra parte, el Gobierno se compromete, durante la Presidencia española de la Unión Europea, a impulsar la redefinición de la tributación energética para reforzar su carácter medioambiental.

Más progresividad en las retribuciones plurianualesLa nueva Ley introduce mayor progresividad en la tributación de las retribuciones plurianuales al establecer un límite absoluto de 600.000 euros para aplicarse la reducción del 40% de la que se benefician los rendimientos con período de generación superior a dos años. De esta forma, hasta dicho importe se tendrá derecho a la reducción, pero ésta no se aplicará al exceso.

Por otra parte, se mantiene el tratamiento fiscal de los rendimientos derivados del ejercicio de opciones de compra sobre acciones concedidas a los trabajadores, si bien se les aplica también el límite de 600.000 euros.

Fomento del transporte públicoTambién a partir de la entrada en vigor de la Ley, se establece la exención en el IRPF del cheque-transporte hasta un máximo anual de 1.500 euros.  

Enlace documento PDF: Presentación rueda de prensa Anteproyecto de Ley de Economía SostenibleAbre nueva ventana

Enlace documento PDF: Anteproyecto de Ley de Economía SostenibleAbre nueva ventanaAbre nueva ventana

Enlace documento PDF: Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 d ejulio, del Poder JudicialAbre nueva ventana

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