17 de junio de 2011. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley sobre Servicios Funerarios, que tiene como finalidad garantizar el libre acceso a las actividades funerarias y su ejercicio, la libertad de elección de prestador por parte de los usuarios de servicios funerarios y la aplicación de prácticas que eviten la aparición de riesgos para la salud pública.
El texto legal se ha elaborado conjuntamente por el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en cumplimiento del mandato establecido por la Ley Ómnibus de transposición de la Directiva de Servicios a la legislación española. La Ley de Servicios Funerarios se presentó, como informe en primera vuelta, al Consejo de Ministros el pasado 6 de mayo para su remisión a los órganos consultivos. El texto legal hoy aprobado incorpora las recomendaciones y comentarios de comunidades autónomas, ayuntamientos, y asociaciones y empresas del sector.
La Ley actualiza y moderniza la regulación de los servicios funerarios, y afecta principalmente a la eliminación de barreras de entrada y de ejercicio, lo que que tendrá un significativo impacto sobre la mejora de la competencia en el sector y de la calidad del servicio, así como sobre la reducción de cargas administrativas. En particular, se eliminan:
La eliminación de estas autorizaciones y requisitos tendrá un significativo impacto sobre la competencia efectiva y supondrá una reducción de cargas administrativas que se estima en 18,3 millones de euros. En este sentido, el 8% del ahorro total anual calculado beneficia a las empresas en el momento de su creación, por tratarse de la eliminación de trámites y requisitos relacionados con el acceso a la actividad. El 92% restante deriva de la eliminación de trámites asociados al ejercicio de la actividad de servicios funerarios
Asimismo, el texto hace especial hincapié en la mejora de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de los servicios, al aumentar las obligaciones de información y transparencia en materia de precios y hacer explícito el derecho a la libertad de elección.