Política Autonómica

Información sobre el sistema autonómico español, su régimen jurídico y las relaciones de la Administración General del Estado con las Comunidades Autónomas.

El reconocimiento en el artículo 2 de la Constitución española del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España, y el contenido del título VIII en el que se precisan las competencias de los diversos poderes territoriales, plantea la cuestión de cómo, bajo qué formas y en qué términos se desarrolla la relación entre estos poderes.

El sistema de descentralización política territorial, desarrollado en los diferentes Estatutos de Autonomía, exige considerar la posible concurrencia de actuaciones administrativas y la necesidad de tener en cuenta posibles coincidencias y superposiciones en la gestión diaria. Esta realidad ha dado lugar a dos tipos de relaciones interadministrativas: de conflicto o de colaboración.

La resolución de los posibles conflictos cuenta con un procedimiento específico previsto en la propia Constitución, en la que se atribuye un papel clave al Tribunal Constitucional. En este espacio se aporta una completa información sobre el desarrollo detallado de estas relaciones en los últimos años.

Por otra parte, desde el punto de vista jurídico-constitucional, la Constitución de 1978 apenas cuenta con referencias escasas, y además indirectas, a la colaboración entre los mismos niveles territoriales, y ello a pesar de su importancia en la práctica diaria, que ha llevado a que el principio de colaboración se haya constituido en un elemento integrante de la razón de ser y del funcionamiento del Estado Autonómico.

A este respecto, el artículo 103.1 de la Constitución establece los principios a los que ha de vincularse la Administración pública, entre los que se encuentra la coordinación. Además, una lectura detallada de los diferentes apartados del artículo 149.1 pone de relieve la atribución al Estado de unas competencias que, por un lado, actúan como garantía de la unidad y, por otro, plantean la necesidad de establecer mecanismos de cooperación con las Comunidades Autónomas.

Una mayor concreción de estos objetivos y criterios se contiene en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector PúblicoAbre nueva ventana, donde se enumeran los principios generales de acuerdo con los cuales han de actuar cada una de las Administraciones Públicas: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, a los que hay que añadir otros dos incorporados más tarde: el principio de buena fe y el principio de confianza legítima.

Para el conocimiento efectivo del funcionamiento del sistema autonómico, en este espacio se puede acceder a la información sobre los instrumentos de cooperación más relevantes a través de los cuales discurren las relaciones entre las Administraciones directamente concernidas y que se regulan en las dos leyes anteriormente citadas.

Un tratamiento especial requiere el hecho de que las Comunidades Autónomas tengan reconocidas competencias que, como consecuencia de la integración de España en la Unión Europea, resultan afectadas por las decisiones de las instituciones comunitarias. Esta situación ha suscitado, al igual que en otros Estados compuestos, la cuestión de la participación de las Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad estatal ante las instituciones comunitarias. Para atender esta situación, desde 1994 se han puesto en marcha, de manera progresiva, instrumentos de cooperación entre el Estado y las Comunidades, con objeto de articular la participación de éstas en los asuntos europeos que les afectan; un proceso paralelo a lo que estaba ocurriendo en otros países europeos políticamente descentralizados, como Alemania, Austria, Bélgica y el Reino Unido.

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