Política Local

Información básica sobre la organización local española, su régimen jurídico y las acciones desarrolladas por el Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, en el ámbito local. Información sobre los instrumentos de cooperación institucional y sobre la cooperación económica del Estado, en especial a través de los Fondos estructurales de la Unión Europea.

La Constitución española de 1978, en su título VIII, establece un modelo de organización territorial del poder con tres niveles: Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales. A su vez, dentro de las Entidades Locales diferencia entre Provincias y Municipios y reconoce una organización propia en cada una de las Islas de Canarias e Illes Balears. Además, algunas Comunidades Autónomas han creado y desarrollado  un nuevo nivel administrativo, las Comarcas.

Como resultado de las diferencias estructurales existentes, con población más dispersa y elevado número de municipios en el norte y menor número de municipios y población más concentrada en el sur, la organización local es compleja y diferente en cada Comunidad Autónoma. Formalmente, existen 50 Provincias, 8.122 Municipios, 11 Islas, 81 Comarcas (32 en Aragón, 1 en Castilla y León, 41 en Cataluña y 7 en País Vasco) y 998 Mancomunidades de municipios.Pero, sobre todo, la Constitución reconoce y asume el papel tradicional de los municipios como entidad territorial básica, por su condición de administración más cercana al ciudadano y responsable de los servicios más esenciales que necesitan los ciudadanos.

La legislación del Estado es establecida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local Abre nueva ventana. De forma complementaria, cada una de las Comunidades Autónoma cuenta con una legislación local propia en la que se abordan las características singulares de su territorio y se regula el correspondiente modelo de organización local.

Las líneas básicas del sistema de relaciones entre la Administración del Estado o la de las Comunidades Autónomas con las Entidades Locales se regulan en esta Ley mediante la previsión de unos principios generales y el fomento de instrumentos voluntarios de cooperación y coordinación, reforzados y complementados por la previsión de la coordinación obligatoria para aquellos supuestos en que sea necesario asegurar la coherencia de la actuación de las Administraciones públicas.

De esta manera, para la efectividad de la coordinación y la eficacia administrativas, las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, de un lado, y las Entidades Locales, de otro, deberán en sus relaciones recíprocas:

  • Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias.
  • Ponderar, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión este encomendada a las otras Administraciones.
  • Facilitar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión que sea relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos.
  • Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas.

Los instrumentos de relación entre el Estado y las Entidades Locales tienen por objeto la definición del marco y de los procedimientos que faciliten la colaboración y la coordinación interadministrativas. En la configuración de estas relaciones, existen dos órganos de cooperación general:

  • La Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). Es el órgano permanente de cooperación entre la Administración General del Estado y la Administración Local.
  • La Conferencia Sectorial para Asuntos Locales (CSAL). Es el máximo órgano colegiado de cooperación, encuentro y deliberación, para la articulación de las relaciones entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Gobiernos Locales.

Los convenios de colaboración suscritos entre la Administración General del Estado y las Entidades Locales se configuran como un instrumento de cooperación ampliamente utilizado que complementa la descentralización administrativa y política. Se rigen fundamentalmente por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector PúblicoAbre nueva ventana, que define, entre otros aspectos, el contenido mínimo de cualquier convenio de colaboración, el procedimiento general de tramitación y sus efectos. Por su parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, contempla en su artículo 57 la habilitación legal para la firma de los convenios de colaboración.

Requiere una mención especial la cooperación económica del Estado con las Entidades Locales, que tiene su fundamento en su deber de impulsar el crecimiento y el progreso económico y social, y en la necesidad de disponer de medios adecuados para satisfacer las necesidades y aspiraciones de su comunidad. Para ello, el Estado facilita el acceso a los recursos que aportan los fondos estructurales, básicamente apoyando aquellas iniciativas locales de inversión cuya finalidad sea el fomento del desarrollo local y urbano de su territorio.

Al igual que ocurre con las Comunidades Autónomas, la condición de España como Estado miembro de la Unión Europea y el gradual desarrollo de las políticas comunitarias da lugar a importantes efectos sobre el desarrollo de las políticas locales, que son abordada en el marco del Comité de las Regiones y demás instrumentos de participación local en el ámbito europeo.

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