Presentación - Carta del Presidente

EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Este nuevo Tribunal que se incorpora al elenco de órganos adscritos al Ministerio de Economía y Hacienda nace con la vocación de aportar un elemento de garantía en la aplicación de las normas que regulan la preparación y adjudicación de los contratos. Es objetivo principal de su actuación asegurar el trato no discriminatorio y la igualdad entre los contratantes velando por la correcta aplicación de las normas que incorporan tales principios a nuestro ordenamiento jurídico.

El fundamento de su creación radica sobre todo en el deseo, casi la necesidad, de actuar con eficacia permitiendo que sus resoluciones se adopten en un plazo tan breve como resulte conciliable con un adecuado tratamiento de las cuestiones planteadas y el derecho de todos los interesados, particulares y órganos de contratación, a ser oídos en el procedimiento.

Sin embargo, es necesario poner énfasis en la necesidad de que el Tribunal funcione con eficacia dictando sus resoluciones en un plazo tal que no resulte imposible dar satisfacción en términos estrictos a las pretensiones de los recurrentes cuando proceda estimar sus recursos. Al mismo tiempo, y dadas las características del procedimiento, especialmente en lo que hace referencia a la suspensión de los actos de adjudicación cuando sean objeto del recurso, es indudable que el Tribunal no puede dilatar los procedimientos para resolverlos fuera de los límites que exige la necesidad de que la contratación no quede paralizada más allá de lo estrictamente necesario.

Con estas dos premisas como condicionantes de su actuación, los recursos deben tramitarse en la medida de lo posible a través de procedimientos electrónicos que permitan no sólo el cumplimiento de los breves plazos previstos en la Ley, sino también y sobre todo que el recurrente al que se da la razón estimando su recurso pueda ver satisfecho su derecho con plena efectividad y que el órgano de contratación, especialmente en los casos en que el recurso se desestima, no se vea obligado a mantener en suspenso la ejecución del contrato perjudicando injustificadamente los intereses públicos.

A la consecución de estas tareas y de las demás que se deriven de la función que hemos asumido tenemos firme propósito de dedicarnos quienes componemos el Tribunal, pero para ello debemos recabar la ayuda, que no dudamos obtener, de cuantos están interesados en su actuación.

Fernando Javier Hidalgo Abia.

Presidente del TACRC (2017-2023)

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