El Consejo de Ministros aprueba hoy el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

 

 

19-07-2013.- El Gobierno remite el texto a las Cortes para su tramitación parlamentaria y aprobación.

El proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local tiene 4 objetivos:

1. Clarificar las competencias municipales, para evitar duplicidades, bajo el principio de ‘Una Administración, una competencia’,2. Racionalizar la estructura de la Administración Local, de acuerdo con los principios de estabilidad, sostenibilidad y eficiencia,  para que se no gaste más de lo que se ingresa; 3. Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso4. Promover la profesionalidad y transparencia en la gestión pública. 

La reforma adapta las entidades locales a los requerimientos fijados en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, distinguiendo entre servicios obligatorios y facultativos. Sólo cuando esté garantizada la prestación de servicios obligatorios, se podrán prestar servicios no obligatorios y “ninguna entidad podrá gastar más de lo que ingrese”.

También se actualizan las competencias municipales, separándolas claramente de las estatales o autonómicas. Se potencia el papel de las Diputaciones Provinciales para que gestionen servicios obligatorios mínimos de municipios inferiores a 20.000 habitantes. El fomento de la cooperación interterritorial permitirá garantizar una prestación adecuada de servicios y de la financiación de los mismos.

El texto también introduce la cultura de la evaluación de los servicios a través de la inclusión del concepto de “coste estándar” como sucede en otros Estados europeos para la medición de los servicios que actualmente prestan las Entidades Locales.

Igualmente, se incorporan también disposiciones que incentivan el redimensionamiento del sector público local para lograr los objetivos de déficit establecidos. Se limita el crecimiento del sector público local, así como de sus organismos dependientes.

Por último, los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente. Además, en relación a su gestión directa, se incorpora el requisito de transparencia en términos de inclusión de publicidad del coste del servicio y el apoyo técnico a los efectos de asegurar el criterio de sostenibilidad y eficiencia de las propuestas planteadas.

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