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HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL

Creado en 1925 y dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda, el Tribunal Económico-Administrativo Central es el más alto órgano de una estructura administrativa especializada en la revisión de los actos dictados por la Administración en unos determinados ámbitos, como instancia previa a la vía judicial. Tiene independencia funcional en la resolución de las reclamaciones económico-administrativas y se rige en cuanto a sus competencias, composición y funcionamiento por sus normas específicas.

En concreto, los Tribunales económico-administrativos resuelven reclamaciones sobre:

  • La gestión, inspección y recaudación de los tributos y de las exacciones parafiscales y, en general, de todos los ingresos de derecho público de la Administración General del Estado.
  • La gestión, inspección y recaudación de los tributos cedidos por el Estado a las Comunidades Autónomas o de los recargos establecidos por éstas.
  • El reconocimiento o la liquidación por autoridades u organismos del Ministerio de Economía de obligaciones del Tesoro Público y las cuestiones relacionadas con las operaciones de pago con cargo al Tesoro.
  • El reconocimiento y pago de toda clase de pensiones y derechos pasivos que sean de competencia del Ministerio de Hacienda.
  • Los actos relativos a los tributos que constituyan ingresos de las Haciendas Locales en los casos en que así se disponga.

La vía económico-administrativa se estructura básicamente en torno a un Tribunal Económico-Administrativo Central, cuya sede está en Madrid, 17 Tribunales Económico-Administrativos Regionales que coinciden con las Comunidades Autónomas, y 2 Tribunales Locales en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Los Tribunales Regionales pueden tener Salas desconcentradas. En la actualidad hay 4 Salas desconcentradas (Granada, Málaga, Burgos y Santa Cruz de Tenerife). La vía económico-administrativo no tiene coste para el ciudadano y, por sus características, supone un mecanismo que refuerza las garantías de los contribuyentes.