Administración Electrónica

Ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de relacionarse con la administración a través de internet ha sido y es uno de los grandes objetivos del gobierno en la tarea de modernizar los servicios públicos

Desde el año 2004, se han puesto en marcha toda una serie de iniciativas para impulsar el desarrollo de la administración electrónica en España y mejorar la atención a los ciudadanos.

El principal elemento catalizador de la administración electrónica son la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones PúblicasAbre nueva ventana, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector PúblicoAbre nueva ventana; que convierten en universal el derecho de los ciudadanos a relacionarse con todas las Administraciones de manera electrónica. Una ley para la sociedad del siglo XXI, que promueve una Administración más eficiente, eficaz, más cercana y más transparente..

Además, se han puesto en marcha un conjunto de soluciones, infraestructuras y servicios comunesAbre nueva ventana que facilitan la implantación de la administración electrónica en las diferentes Administraciones Públicas siendo algunas de ellas piezas clave recogidas por la propia Ley 11/2007. Algunos ejemplos especialmente representativos son:

El espectacular avance de la administración electrónica en España no hubiera sido posible sin un completo marco legislativo que ha incidido especialmente en la interoperabilidad entre las Administraciones PúblicasAbre nueva ventana y en la SeguridadAbre nueva ventana de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos.

La puesta en marcha del Punto de Acceso General (PAG) Abre nueva ventana  define un nuevo modelo de atención al ciudadano a través de Internet, centrado en la satisfacción de sus demandas, necesidades y expectativas.   El PAG es fruto de los trabajos desarrollados por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Con él se proporciona al ciudadano la entrada general, vía Internet, a las Administraciones Públicas. Esta medida se fundamenta en la evidencia de al presente existe una gran dispersión de la información ofrecida por las Administraciones en distintos portales y páginas web, dificultando el acceso de los ciudadanos a los procedimientos y servicios administrativos, duplicando información, dando lugar a la falta de una coordinación adecuada en todas estas materias.

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